Crece el rechazo a la decisión de la administración de Horacio Rodríguez Larreta de amedrentar a las familias de las y los estudiantes que participan en las tomas de las escuelas mandando uniformados a sus hogares.
Las tomas en las escuelas de la Ciudad en reclamo de viandas, infraestructura edilicia y por prácticas en empresas, se multiplicaron mientras diversos organismos de defensa de los derechos de los niños y adolescentes pidieron el inicio de un canal de diálogo y el cese del hostigamiento a los estudiantes y sus familias.
De acuerdo al Ministerio Público de la Defensa (MPD), llegaban a 21 los colegios tomados, mientras que las familias comenzaron a organizarse a través de diferentes organismos y abogados para responder a las advertencias de denuncias penales y contravencionales que les llegan a sus domicilios a través de la Policía de la Ciudad.
«Esta no es la primera vez que hay tomas en escuelas porteñas, pero no hay antecedentes de una respuesta tan hostil de parte de las autoridades; no tiene sentido que se haya hablado de denuncias penales cuando no hay ninguna posibilidad de darles un encuadramiento penal a las tomas», dijo a Télam Marcela Millán.
La funcionaria destacó que los padres se han ido acercando al MPD a la medida que recibían las notificaciones; aunque «no tenemos todavía una aproximación de la cantidad de familias notificadas entendemos que vamos a estar hablando de una cantidad muy importante de acuerdo a las dimensiones del operativo montado por el Gobierno de la Ciudad a través de la Policía de la Ciudad».
Millán también dijo que «tampoco se justifica haber puesto efectivos policiales en la entrada de los establecimientos educativos a tomar lista de quienes ingresan, y mandar a la policía a las casas de las familias a labrar las notificaciones», lo que consideró «un acto violento que nunca había pasado antes».
La funcionaria, abogada especialista en Mediación y en Derecho Penal, explicó que las familias notificadas tienen 72 horas para presentarse ante la fiscalía.
«En las actas se los acusa por infracción al artículo 60 del Código Contravencional que forma parte del capítulo destinado a custodiar la libertad personal -continuó–, pero eso es muy confuso porque habla del derecho de admisión en establecimientos de acceso público y en las escuelas están los estudiantes, sus familias y directivos, con lo que no se termina de entender cómo se configuraría una contravención», indicó.
El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Gabriel Lerner, dijo que el conflicto sucede «porque no se habilitan mecanismos institucionales de diálogo permanente, de participación en los chicos y las chicas al menos como de forma consultiva en la conducción de las escuelas».
Lerner recordó que en 2018 estudiantes secundarios realizaron «ocupaciones pacíficas y actividades de protesta» en colegios porteños y las autoridades también realizaron denuncias a las familias «en la justicia penal y contravencional de la Ciudad, diciendo que eran autores junto con sus hijos de una contravención y de los perjuicios económicos».
«En aquel momento yo no era funcionario, no era secretario ni tenia ninguna función pública», dijo en declaraciones a Télam, pero como abogado especialista en derechos humanos y del niño las familias le pidieron que asuma la defensa técnica de los acusados.
«Allí señalamos que la imputación o la acusación parecía considerar a los adolescentes como objeto». planteó.
La justificación de Acuña
La ministra de Educación porteña Soledad Acuña, justificó las medidas y la decisión de demandar a las familias con 1,5 millones de pesos por cada día de toma.
«El costo de las tomas lo pagan los chicos con días perdidos de clase y los ciudadanos que sostienen la educación pública con sus impuestos. impulsamos las denuncias penales y las demandas civiles a los adultos responsables de los estudiantes que participan», detalló la ministra en su cuenta de Twitter.
Y añadió: «Son ellos quienes tendrán que asumir con su patrimonio el costo de los salarios por cada jornada escolar perdida».
«Esta persecución a los alumnos y padres se está viviendo como una normalidad y eso me parece una locura. No es normal perseguir al que piensa distinto», dijo a Télam, Marcelo, padre de una alumna que asiste a la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 «Mariano Acosta», la primera que inició una toma el pasado viernes.
Los organismos se manifestaron en contra del gobierno porteño
El asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, dijo que el gobierno porteño «se aparta la ley», que en su artículo segundo establece que esas prácticas no son obligatorias sino optativas y que los chicos deben estar acompañados por un adulto responsable.
Por su parte, la defensora de los Niños y Adolescentes de la nación, Marisa Graham, reclamó el cese del hostigamiento y amedrentamiento del gobierno porteño hacia los estudiantes y sus familias y pidió informes al Ministerio de Educación sobre los canales de diálogo que está implementando para que los estudiantes puedan ser escuchados.
La voz de los padres
Madres y padres de estudiantes que participan de tomas en escuelas secundarias recibieron notificaciones en las que se les informó que esa acción infringe el artículo 60 del Código Contravencional porteño, lo que consideraron un acto de «criminalización de la protestas» que «persigue al que piensa distinto», según dijeron a Télam.
Lejos de convocar al diálogo, el Ejecutivo porteño eligió escalar el conflicto de la toma de escuelas. Desde la noche de este martes y durante la madrugada, móviles policiales empezaron un “timbreo” muy particular.
Las patrullas de la policía porteña llegaron hasta los domicilios particulares entre de padres del Mariano Acosta y el Lenguas Vivas (el “Lengüitas”), en algunos casos pidiendo información sobre horarios y datos personales. En otros, exigiendo la firma de una notificación extraña.
Uno de estos episodios fue grabado y quedó documentado mediante el audio adjunto a esta información, donde el oficial lee una confusa acusación a un padre del Lengüitas.
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