Alberto Fernández recibió a la cúpula de la CGT y referentes de movimientos sociales, que prometieron un acto de respaldo por el Día de la Militancia Peronista. La Casa Rosada ya piensa en pasar la página y apunta al resto del mandato.
Con pocas balas en el cartucho, el Gobierno encara las últimas escaramuzas con las que intentar una remontada de los resultados que vaticina que le devolverán las urnas el domingo por la noche, y que comprometerían la capacidad legislativa del Frente de Todos si se consolida una derrota.
Aunque una derrota en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las jurisdicciones del país se confirme en el escrutinio provisorio, y aquello dispare un pase de facturas y acusaciones cruzadas, la Presidencia mira por estas horas cómo retomar la iniciativa y se proyecta para una «segunda etapa», donde la pandemia de coronavirus y los desbarajustes económicos y sociales, junto con los desaciertos en la gestión sanitaria, sean historia pasada.
Este martes, Alberto Fernández recibió el cerrado apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de los movimientos sociales, horas antes de que la central obrera realice un plenario en el que modificará sus estatutos para incorporar más mujeres a la conducción, y dar cabida en sus estructuras a los representantes de los trabajadores informales y precarizados.
El jueves, en Parque Norte, el movimiento obrero volverá a quedar unificado y ese gesto, junto con el apoyo el Gobierno, son vistos como un puntal clave para la gobernabilidad de aquí en adelante.
Más aún, Fernández se llevó el compromiso de los sindicalistas y dirigentes sociales de realizar una nueva movilización de apoyo y relanzamiento de la gestión, con la excusa del Día de la Militancia Peronista, el próximo miércoles 17 de noviembre, en la Plaza de Mayo.
El Gobierno salió a relucir el apoyo de la CGT y los movimientos sociales, que llamaron a votar masivamente las boletas del Frente de Todos el próximo 14 de noviembre; prometieron movilizar a su gente para el acto de cierre de campaña, el jueves, en el partido bonaerense de Merlo, y aseguraron fiscales para auditar el desarrollo de las elecciones dominicales.
Fernández y su jefe de gabinete, Juan Manzur, se comprometieron, por su parte, a establecer una mesa de diálogo permanente con el movimiento obrero y los trabajadores excluidos, tras acusar recibo de las quejas que mostraron en los meses previos a las PASO, y las advertencias sobre la situación social desbordándose. El Presidente y el ministro coordinador prometieron recibirlos periódicamente.
Según los partícipes de la reunión, lo que desvela a Alberto es cómo continuar gobernando de aquí a 2023, en medio de operaciones cruzadas y lo que el oficialismo llama «intentos desestabilizadores». Se refiere a la presión que adjudican al sector empresario sobre los precios y su efecto en los bolsillos. También, a quienes imaginan a Fernández apartándose o cediendo la conducción a otro dirigente.
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